Imputado por una subvención millonaria un sobrino de Felipe González
Imputado por una subvención millonaria, un sobrino de Felipe González y ex altos cargos del PSOE-A, cuando la Policía Nacional detectó en 2015 irregularidades en la concesión de casi 38 millones de euros en avales y préstamos por parte de la Junta de Andalucía.
Imputado por una subvención millonaria, un sobrino de Felipe González
Las subvenciones se realizaron a la empresa energética malagueña Isofotón entre los años 2010 y 2012. La denuncia la puso el comité de empresa de la compañía. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla cita entre los meses de octubre y noviembre a una veintena de ex altos cargos. Todos los cargos relacionados con Economía y Empleo de la Junta de Andalucía. Estos actos ocurrieron entre los años 2010 y 2012, bajo el gobierno de José Antonio Griñán.
Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González, ha sido citado a los juzgados entre el 11 y 12 de noviembre. Tres cargos, como el propio Griñán, ya fueron condenados a siete y seis años de prisión por la sentencia del caso de los ERE. Como el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009, Francisco Vallejo, el viceconsejero de Empleo entre 2004 a 2010, Agustín Barberá y el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010, Jesús María Rodríguez.
La Fiscalía Anticorrupción deja como imputado por una subvención millonaria para Juan María González tres años y medio de prisión por un delito de malversación. El fiscal consideró que junto a tres investigados, se valió de las “facultades que ostentaban en sus cargos para así realizar actos indebidos, ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público”. Los salarios y finiquitos de estos directivos recividos por Invercaria “muy superiores a sus contratos de trabajo y la legislación vigente, también se están investigando.
Concedidas subvenciones sin control
Las ayudas a esta empresa, del Gobierno Andaluz, entre 2010 y 2012, fueron sin control, de una subvención de 38 millones de euros, de la que se desconoce su paradero. A través de la Agencia IDEA y su filial Sorprea, ambas dependientes de la Junta. El juzgado número 3 quiere llegar hasta el fondo del asunto para conocer el presunto desvío de estas ayudas. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado considera se han cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. El juzgado confirma que existen indicios fundados.
